Patrimonio en venta

Lo que ocurre en Italia y Grecia es ya una historia que viene de muy lejos ¿No recuerda a las desamortizaciones?, a todos nos suenan las de Mendizábal. La fórmula es sencilla: el Estado, como máxima autoridad pública, se apropia de los bienes de distintas comunidades atribuyéndose su titularidad, y una vez que ha hecho esto, los pone en venta para obtener un beneficio por ello. Un negocio redondo, sin duda. Ocurrió con una gran parte de los montes comunales en España, en los que, tras la constitución del estado-nación liberal surgido en Cádiz, éste encuentra una fuente casi inagotable de financiación, usurpando a las comunidades locales unos bienes que venían gestionando al menos desde la Edad Media. Crecía lo público en detrimento de lo común.

Lo mismo podría ocurrir en un futuro no muy lejano con el Patrimonio cultural, como vemos en esta noticia. Y en eso somos cómplices los arqueólogos, así que algo tendremos que decir al respecto, ¿no? Cuando encontramos una cueva con arte paleolítico en un monte comunal de un pueblo, ese bien pasa a ser automáticamente de titularidad pública, es decir, propiedad del Estado. Se supone que este protocolo garantiza precisamente que estos bienes no sean enajenables. Pero viendo las noticias de Italia y Grecia no es muy difícil darse cuenta del engaño. Con la misma estrategia que se utilizó para transferir los montes comunales a manos privadas, algunos estados ya están privatizando aquello que supuestamente es de todos. Y la tendencia pare que va a ser in crescendo.

Sólo cabe una salida si queremos evitarlo: el cambio de titularidad del patrimonio cultural, devolver al común lo que es de todos, única garantía de que realmente nunca sea enajenado. Los Bienes de Interés Público deberían de convertirse en Bienes de Interés Común y su titularidad no ser pública, sino común, de acuerdo al derecho germánico, considerado el tercer ordenamiento jurídico, después del romano y el canónico, en la formación del Derecho occidental actual. Con voluntad política esto no sería demasiado complicado. Ahora bien, ¿al servicio de quién están los partidos que nos gobiernan? ¿Del bien común o del privado? A la vista de noticias como esta, de los rescates de la banca, o las que se avecinan: privatización de la sanidad, la enseñanza, los servicios públicos… la respuesta es clara y evidente.

Si no replanteamos la forma jurídica de propiedad del patrimonio cultural, éste pronto pasará, como en el caso italiano o el griego, a engrosar el saco de los especuladores, que, paso a paso, están fagocitando a un Estado cómplice, que sumisamente les sirve. Como “productores” de Patrimonio cultural, los arqueólogos no podemos quedarnos esperando a que sea nuestra inoperante clase política la que tome la iniciativa, pues ya vemos cuál es la solución que encuentran a sus problemas de financiación: usurpar a la comunidad local para vender en el mercado global.

Se aprecia una falta de interés por parte de investigadores e instituciones de trabajar codo con codo, y a favor de, las comunidades locales. En una sociedad post-industrial resulta evidente que los investigadores y arqueólogos, como productores de conocimiento, son productores de valor inmaterial. Este conocimiento sirve a países punteros para obtener beneficios a través de captación de turismo, rentas e inversiones, a través no ya de la propiedad sobre bienes materiales sino intelectuales mediante copyrights y patentes. El funcionamiento del patrimonio cultural y arqueológico cada vez funciona más de este modo y puede servir, activado de un cierto modo, para producir un beneficio que repercuta en las comunidades locales. Muchos son los modos de hacer esto: creación de parques culturales que redistribuyan los beneficios, hoteles y casas rurales comunales (en León ya existen en Tabuyo del Monte), entre otras.

Ahora bien ¿garantiza la inajenabilidad de un bien su conservación? Pensar esto es un error. Igual que el estado o la iglesia abandonan parte de su patrimonio, lo mismo podría ocurrir en el caso del bien común, aunque la diferencia es que no se podría vender. Es imprescindible que existan órganos de gestión con capacidad y eficientes, y ahí es donde es importante recuperar la participación política directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, pues sin ella no hay comunidad. Precisamente los bienes comunes han sustentado la existencia de las asambleas locales, y su enajenación ha supuesto la pérdida de la base material sobre la que se construía su razón de ser. Sin comunes, no hay órganos de gobierno horizontales y los bienes no se administran de acuerdo al interés de todos, sino, como ocurre con los actuales sistemas representativos, del sector privado o el “público”, que hoy por hoy es lo mismo. Recuperar los comunes no tiene sentido si a la par no se recuperan también la “comunidad” necesaria para su gestión.

En esta coyuntura urgen propuestas, reflexiones y acciones prácticas en torno a esta problemática. Nuestro equipo de investigación es muy sensible a estos temas y el fruto de nuestras reflexiones será llevado al próximo congreso de la World Archaeological Congress en Jordania (WAC-7). Pablo Alonso González se encarga de organizar la sesión “Heritage as a common: a novel perspective on the entanglements of culture and economy”. En ella, nuestro compañero Jesús Fernández, junto a un colaborador, Carlos Rodríguez Méndez (abogado), presentarán la comunicación titulada: “A legal framework for the heritage commons? The Ecomuseum of Santo Adriano poject”.

Pronto adelantaremos más resultado y, esperamos, que alguna propuesta práctica para actuar frente a la imparable privatización de los bienes culturales de interés común.

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