Neoliberalismo corporativo en España y su impacto en el mundo rural

Gran parte de los trabajos arqueológicos a escala nacional se realizan en ámbitos rurales. La arqueología es así productora de recursos patrimoniales que muchos arqueólogos intentamos poner en valor con el apoyo de distintas instituciones. Por su parte, estas instituciones ven en el patrimonio – no sólo el arqueológico – una posibilidad de atraer turismo, dinamizar las economías locales y, cómo no, justificar inversiones millonarias. Durante las últimas dos décadas hemos presenciado la construcción de un sinfín de centros de interpretación, restauraciones, museos o parques que, o bien no se inauguraban, se inauguraban pero no se abrían, se abrían pero languidecían sin recursos y personal, o simplemente se privatizaban y pasaban a tener cualquier otro uso. Esta situación refleja a pequeña escala una realidad de alcance nacional, donde las construcciones faraónicas con inversiones multimillonarias esparcidas por todo el territorio han sepultado la riqueza del país para el beneficio de unos pocos.

Sorprendentemente, pese a las dimensiones del fenómeno, los estudios académicos desde disciplinas sociales son realmente escasos. Los artículos recientemente publicados por nuestros compañeros Pablo Alonso González y Alfredo Macías Vázquez bajo el título de “Neoliberalismo corporativo y clientelismo en España: etnografía de la financiación europea del desarrollo rural a través de un proyecto fallido” en la revista AIBR y “The Heritage Machine: the neoliberal order and the individualisation of identity in Maragatería (Spain)” en la revista Identities, intentan arrojar luz sobre algunas de estas cuestiones. Para ello, Alonso González y Macías Vázquez analizan la evolución de un Grupo de Desarrollo Rural en Asturias financiado por el programa europeo LEADER. Estas entidades manejan unos presupuestos que suelen superar a los de ayuntamientos y acercarse a los de diputaciones provinciales y, sin embargo, su funcionamiento resulta opaco a la sociedad que, de hecho, suele desconocer su existencia en los propios territorios donde operan. Aunque existen excepciones y su funcionamiento varía de región en región, estas instituciones suelen favorecer la reproducción de las desigualdades territoriales, la transición hacia economías postindustriales basadas en el sector servicios y en el turismo – habitualmente en manos de empresarios foráneos –, y la reproducción de redes territoriales de clientelismo bajo una retórica de democracia y participación.

Sería ingenuo creer que estas características son únicas de instituciones con financiación europea; más bien son el reflejo de la deriva de la política española y sus transformaciones en las últimas décadas. Estos cambios pueden encuadrarse bajo la idea de ‘neoliberalismo corporativo’, práctica política, régimen de acumulación del capital, y sistema para la reproducción de la desigualdad social y la participación de los ciudadanos en la política y la toma de decisiones que utiliza una retórica de libre mercado, competitividad y emprendimiento que encubre la reproducción y generalización de dinámicas clientelistas, oligopólicas y anti-mercantiles de consecuencias perniciosas para el bien común de la ciudadanía. El corporativismo es un sistema de intermediación de intereses donde grupos sociales y de clase, patronales y asociaciones que representan objetivos específicos, influencian y negocian la incorporación política, las decisiones públicas y la distribución del ingreso más allá del ámbito competitivo mercantil.

El corporativismo nació durante el siglo XIX como un ideal defendido por románticos, conservadores y eclesiásticos en contra de la amenaza del naciente capitalismo ‘laissez faire’. El corporativismo ve la sociedad como un todo orgánico donde una serie de cuerpos entran en relación con la mediación del estado (sindicatos, patronales, cárteles empresariales, etc.). Ningún estado ha sido exactamente corporativo, al igual que ningún estado ha funcionado bajo las leyes del supuesto neoliberal del ‘libre mercado’; más bien siempre se produce un balance entre ambos modelos adaptado a cada contexto local. Así, la Alemania de finales del XIX y principios del XX era abiertamente corporativa, promocionando monopolios industriales; algo similar a los EEUU de la época, donde sin embargo existía la ficción de un estado más ‘liberal’. La Italia fascista se proclamaba corporativista, lo que en la práctica derivó en la eliminación de sindicatos independientes y el favorecimiento de los grandes capitales y terratenientes.

En España, puede decirse que el régimen franquista utilizaba una retórica ideológica corporativista estatal pero no la ponía en práctica, al ser una doctrina sólo parcialmente compatible con el totalitarismo de estado. En cambio, el corporativismo democrático liberal –también como vemos ahora, sólo parcialmente compatible con la democracia real – lo aplica tras 1977, al alcanzarse acuerdos político-económicos fuera del mercado y del parlamento entre interlocutores supuestamente válidos – Pactos de la Moncloa, concertaciones partidistas y sindicales, pactos económicos y sociales de 1985-6, etc. La influencia y capacidad de mediación en el estado corporativo se garantiza a ciertos grupos y clases sociales a través de lobbies, una escasa separación de poderes y la existencia de intercambios constantes de favores que culminan en el fenómeno de las puertas giratorias, donde elites políticas, sindicales y empresariales se mezclan para garantizar su reproducción.

Se habla así de la vieja ideología corporativista y la nueva realidad corporativista en España. Como ya indicaron en 1988 Martínez-Alier y Roca Jusmet, el nuevo corporativismo es “una realidad en busca de una ideología que no sea explícitamente corporativista”. Hoy día resulta evidente que esta ideología es el neoliberalismo, doctrina que predica la contracción del estado, la primacía del libre mercado y del sujeto individualista emprendedor. En España, este discurso encubre prácticas oligopólicas y anti-mercantiles que benefician a corporaciones de diversos tipos y escalas – privadas y públicas, locales y transnacionales –, preservándose el principio corporativista de reproducción estructural de las desigualdades. Debido a la escasa capacidad de la mayoría de la elite empresarial española de modernizarse e incorporarse a nuevos vectores de valorización, compitiendo así en el mercado global, esta se ensambla con la elite política para garantizarse rentas estables, regímenes de valorización favorables y mercados cautivos.

Se fomenta entonces un individualismo emprendedor basado en la apropiación de los valores y recursos existentes, y no tanto en la producción de valor para el bien común. Y ni siquiera la producción de valor para el individuo ni en general: de hecho, los nuevos avances neo-corporativos (o lo que se ha llamado “tecnocapitalismo”) suenan a quimeras en España. El tecnocapitalismo encarnado por países como Alemania, Reino Unido, Corea del Sur o Estados Unidos tiende a fundamentar la creación de valor en la mercantilización de la creatividad, con un énfasis clave en la investigación y la promoción de los modos de existencia “artísticos” (que dinamizan empresas tipo Google o Facebook y gentrifican barrios). El “experimentalismo” basado en la investigación por parte de las corporaciones y sectores públicos de estos países resulta una utopía en territorio nacional, donde las elites (como resulta patente desde la crisis de 2008) no ven en el experimentalismo y la creatividad una nueva forma de extraer valor. Esto también apunta a que la mera recuperación del gasto en ciencia no implica una disminución de nuestra sujeción a los poderes fácticos tradicionales, y que en realidad se está produciendo una “desvalorización” general del país del que todos los actores sociales salen perdiendo en mayor o menor medida. Pero estas son otras cuestiones.

 Por otro lado, como en otros muchos lugares, el neoliberalismo corporativo español no se caracteriza por un retroceso del estado sino por su transformación hacia formas cada vez más antidemocráticas, sin una paralela devolución a la sociedad de responsabilidades civiles y formas de participación abiertas: una confluencia perversa que intuimos pero cuyos mecanismos y prácticas asociadas desconocemos. Ciertamente, los sindicatos y otros actores sociales pierden poder de negociación paulatinamente, y ámbitos del sector público se privatizan, pero las prácticas corporativas se amplifican y ‘dispersan’, adoptando nuevas formas y vinculándose con otros actores sociales. Este proceso se explica parcialmente porque la normatividad corporativa española se construyó sobre una base de pragmatismo caudillista, relaciones sociales de señorío y clientelismo, y una modernización económica apegada al rentismo de las elites extractivas y los monopolios avalados por el estado. Así, el diferencial español – y especialmente en las zonas rurales – deriva de la hibridación de formas de gobernabilidad modernas con estructuras clientelares preexistentes, prácticas sociales dispersas estructuralmente en la sociedad más que fenómenos aislados. Una forma de dispersar las prácticas corporativas es la introducción de formas de gobernanza tecnocráticas y subpolíticas – a la vez fuera y más allá del mercado y de las instituciones representativas de la política del estado-nación; es decir, antidemocráticas.

Este nuevo corporativismo está dando una nueva forma a las instituciones públicas nacionales: corporaciones, partidos y gobiernos tienden a homogenizarse no sólo en sus comportamientos sociales a nivel individual y de grupo, sino en sus agendas, ideologías, retóricas discursivas y prioridades. Las puertas giratorias entre diversos sectores se aplican también a discursos como el neoliberal, que promueve la falacia de que la competencia de mercado permite mantener a las corporaciones bajo el control público, reemplazando a una verdadera gobernabilidad pública. Ciertamente, el libre mercado puede beneficiar a los consumidores (una empresa que no sirve o produce bien fracasa – supuestamente), pero no a los ciudadanos, ya que el comportamiento corporativista y clientelista se reproduce tanto en las empresas triunfantes como en las fallidas, así como su alianza con sectores políticos, sindicales, etc. La competitividad termina entonces reforzando el autoritarismo del sistema, ya que sobreviven no tanto los que mejor sirven al ciudadano, y ni siquiera los que mejor sirven al consumidor, sino los que mejor saben tejer alianzas con las mimbres del sistema clientelista. La competitividad en el corporativismo español sirve así para renovar y afianzar las formas necesariamente cambiantes y flexibles de la hegemonía, es decir, esa forma de dominación que acaba por parecer normal o “natural” a los dominados.

Por otro lado, no debemos considerar la economía y el estado de forma separada, como si fueren procesos o entes desligados e independientes. El estado no es sólo el garante depolitizado de las relaciones de intercambio entre compradores y vendedores capitalistas. Si tenemos en cuenta más bien que el objetivo último del capital es la valorización del valor y la canalización de los intereses sociales hacia este objetivo, el estado es la forma política que toma este objetivo último del capitalismo. Desde esta perspectiva, cabe entender las transformaciones institucionales como reflejo y adaptación a los objetivos cambiantes del capital en un momento de financiarización generalizada y tendencia decreciente de la tasa de ganancia en la mayor parte de sectores económicos. Así, podemos observar cómo entes LEADER y otras formas-estado dentro del neoliberalismo corporativo centran sus esfuerzos no tanto en nuevas inversiones productivas que puedan generar beneficios sociales a largo plazo, como en la organización de estrategias de captura del valor ya existente en la sociedad (estrategias rentistas).

Por todo ello, resulta necesario realizar análisis detallados de las diversas estrategias de afianzamiento de la hegemonía que el neoliberalismo corporativo desarrolla para adaptarse a dinámicas sociales cambiantes. Este análisis debería producirse a diversas escalas, permitiéndonos realizar una cartografía de sus variedades regionales, estructuras institucionales, retóricas discursivas más comunes y contextos socio-económicos en los que se inserta. Sólo así es posible avanzar propuestas de cambio basadas en realidades concretas y en las posibilidades que abren: ¿Qué se podría hacer con los millones de euros que se despilfarran cotidianamente en nuestros territorios? ¿Cómo podemos frenar el proceso y redireccionarlo hacia otros usos, transformando las estructuras socio-económicas de un área? ¿Cómo ir más allá de programas social-democráticos incapaces de frenar el corporativismo neoliberal y su más que probable futura hibridación con un tecnocapitalismo “a la española”? Estas son cuestiones que, creemos, también debe plantearse una arqueología social en sus agendas investigadoras, formas de investigar y de ensamblarse con las personas. No olvidemos que las agendas de investigación son impuestas “desde arriba” de forma escasamente democrática, y que tienden a reforzar nuevas temáticas y orientaciones en línea con nuevas necesidades corporativas. El giro “patrimonial” de la investigación arqueológica – y de las ciencias sociales en general – avanza en este sentido, tendiendo a fomentar una arqueología productora de valor que puede ser apropiado por emprendedores privados. Los “subtextos de resistencia” de diversos grupos que siguen investigando esencialmente lo mismo pero añadiendo la palabra “patrimonio” en sus nombres y proyectos no hacen sino reflejar y reproducir esta realidad, pero escasamente contrarrestarla de alguna forma.

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